Lo que establece el art. 379 del Código Penal del que cabe destacar que hay una pena que es fija: la retirada del carné y luego lleva aparejada otras penas. Dispone el código que aquella persona que diese una tasa de alcohol de en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro, será condenado a una pena de: pena de prisión de 3 a 6 meses o la pena de multa de 6 a 12 meses o la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso, con la de retirada del permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años. Por tanto, la retirada es sí o sí; las otras son optativas en función al caso y a lo que disponga Fiscal.
Negarse a la prueba puede ser delito de desobediencia y sólo lo puede cometer el conductor, queda por tanto fuera del delito quienes en esos momentos vayan en el coche pero no sean conductores.
Es evidente que se crean antecedentes penales y su plazo para que sean cancelados dependerá de la condena:
Por la pena de prisión (de 3 a 6 meses) o la de multa (de 6 a 12 meses) o la de trabajos en beneficio de la comunidad (de 31 a 90 dias): 2 años el plazo de cancelación.
Por la pena de retirada del permiso de conducir (1 año): plazo de cancelación 6 meses; privación de 1 año y 1 día hasta inferior a 3 años: plazo de cancelación 3 años; privación superior a 3 años hasta 4 años: plazo de cancelación 5 años.

Hay que diferenciar no querer pagar con no poder pagar. ¿Qué castiga la norma? ¿Qué dicen los Tribunales? Que el que no paga pudiendo, comete el delito, por tanto el que no paga porque realmente se acredite que no puede, no comete delito pero es aconsejable pagar aquella cantidad que uno pueda en atención a sus circunstancias reales. Si la sentencia me condena a pagar 200€ y me he quedado en paro y no tengo otros bienes, pero puedo hacer un pago de 50€ y todo ello lo acredito, puede no haber delito. “De donde no hay, no se puede sacar”.
Este delito como todos prescribe y su plazo se cuenta desde el día que se dejó de pagar la última pensión. El plazo es de cinco años, pero has de saber que mientras siga con el impago la pensión la prescripción no comienza, por lo que es muy difícil que en la práctica se estime la prescripción de este delito.
Debe haber impago de dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos.
También se aplica este delito al impago de la pensión al cónyuge denominado pensión compensatoria.
Se puede elegir varias vías para intentar el cobro del pago de la pensión. La vía civil, vía ejecución de la sentencia y esta vía penal. ¿Diferencia? Si se usa esta vía penal además de poder cobrar la pensión, le sumas que pueda ser condenado como auto de un delito penal.

El Tribunal Supremo mantiene que no todo engaño es delito. Cuando nos encontramos ante un incumplimiento contractual, ha establecido la diferencia de cuándo la conducta del sujeto es delictiva (estafa) y cuándo no es delictiva (cuestión civil): "La estafa (el delito) existe únicamente en los casos en los que el autor simula un propósito serio de contratar cuando en realidad sólo quería aprovecharse del cumplimiento de la parte contraria y del propio incumplimiento". Es decir si yo maquino algo para engañarte y apropiarme de algo que es tuyo. Tiene que haber engaño y maquinación. Si no fuera delito no pierdes tus deerechos, puedes acudir a la vía civil a resarcirte de tus daños y perjuicios pero no en la esfera penal.

Será condenado por delito de lesiones, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico, en cuyo caso si se acredita el daño o lesión podrá ser considerado delito leve, entendiéndose por tratamiento médico o quirúrgico, no ya sólo por ejemplo unos puntos de sutura, una operación por muy leve que sea, sino como las reiteradas actuaciones médicas, posteriores a la primera asistencia, que se requieren para buscar la sanidad del paciente.

Sí, en ambos casos por la Ley de protección ciudadana, llamada Ley Mordaza, siendo que la multa puede oscilar entre 600€ y 10.000€ dependiendo de si es la primera vez, o de otras circunstancias que puedan agravar la situación creada. Piensa que si en dos años se comete otra infracción de este tipo pasa a ser grave de grado medio donde la multa ya va de 10.000€ a 20.000€.
Si la cantidad de droga que pudieran incautarte ya es una cantidad de cierta importancia o traficas con ella de tal forma que terceros puedan consumirla ya no hablamos de una sanción administrativa. Has traspasado la frontera y por tanto te mueves ya en el campo penal pudiendo enfrentarte a un delito contra la salud publica lo cual conlleva penas de prisión.